Fotoreportaje por Christian Toledo/El pasado miércoles 19 de julio, Pedro N. recibió una visa humanitaria por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) como consecuencia de la violencia que vivió unos meses atrás en el municipio de Tlaxco, dónde fue víctima de agresión y recibió tres impactos de bala, dos en la espalda y una en el brazo, que lo pusieron en peligro de muerte.
Aunque el migrante proveniente de Honduras fue ingresado a diversas instituciones médicas del Estado desde el 5 de abril, tuvo que esperar 17 días para que le hicieran la cirugía que finalmente estabilizó su salud por parte de Cruz Roja Internacional, delegación Puebla.
Pedro N. llegó a tierras tlaxcaltecas el pasado 4 de abril, de paso como cientos de migrantes centroamericanos a bordo de las distintas líneas ferrocarrileras que cruzan nuestro país: llegó a Apizaco y pasó una noche en el albergue de migrantes “La Sagrada Familia” para al día siguiente continuar su paso con rumbo a la frontera de México con Estados Unidos.
La noche del 5 de abril, en su paso por la comunidad de San Andrés Buenavista, perteneciente al municipio de Tlaxco, el migrante narró que mientras intentaba subir al tren acompañado de otros compañeros, llegó una patrulla con la sirena prendida y los uniformados bajaron para preguntarles con gritos de dónde eran y amenazándoles con quitarle la vida, “lo que nos dijeron fue que nos bajáramos porque nos iban a matar a todos, me dijeron bájate porque te cargó la verga, te vamos a matar” explicó.
En medio de amenazas y disparos, Pedro N. intentó saltar del tren pero los uniformados le dispararon por la espalda y recibió tres impactos de balas que lo pusieron al borde de la muerte y fue dejado ahí por muerto.
El Instituto Nacional de Migración le autorizó una visa humanitaria después de que la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) tomara tres meses para declararlo como víctima de un delito grave.
En entrevista para Coyuntura, Sergio Luna Cuatlapantzi, director de la asociación civil Un Mundo Una Nación (UMUN), opinó que el hecho de que Pedro N. recibiera el documento que permite su estancia regular y con distintas limitaciones, como de trabajo y de tiempo, no es un logro, sino un pequeño avance “aun insuficiente”.
El 18 de mayo, la asociación civil acompañó a Pedro N. a presentar formal solicitud de regularización migratoria por razones humanitarias, ese mismo día el migrante compareció ante INM y esta dependencia solicitó al Ministerio Público que calificara las lesiones pero fue hasta el 29 de junio que dictaminaron que Pedro R. había sido víctima del delito de asalto cuando la denuncia inicial fue por lesiones.
“Podemos observar las limitaciones que una persona migrante tiene para obtener derecho a la salud” menciona el director de UMUN al referenciar que Pedro N. estuvo en distintas instituciones médicas en Tlaxcala, en uno de ellos su herida se infectó y finalmente en la Cruz Roja delegación Puebla, dónde finalmente lo operaron.
El cuatro de mayo, el migrante hondureño regresó al albergue de migrantes gracias a la gestión de una persona que Pedro N. conoció en Tlaxco, “no es a través de instituciones, no tiene protección, ni información, solo lo dejan ir, completa ausencia institucional” afirma Sergio Luna, “por lo menos un mes para que le ratificaran la denuncia”.
“El gran obstáculo es el no reconocimiento de las lesiones de bala como delito grave” explica el defensor y por ello, exhorta a las autoridades competentes que la reclasificación de los delitos perpetrados contra Pedro N., no desvíen las investigaciones que la autoridad debe realizar para determinar con claridad los hechos ocurridos y la identificación de los agresores, “Pedro tiene derecho a que sepa que ocurrió, y a que la autoridad encuentre a los responsables y los castigue”.
“Sí con la reclasificación se cierra el caso, no estamos favoreciendo el acceso a la justicia, lo único que estamos haciendo es un paliativo, es lo mínimo que se esperaría” agregó el defensor, “que esto no es un logro, es una concesión, la salida fácil de un Estado que no quiere reconocer que existen delitos, entonces para ellos significaría otorgan una concesión a una persona para que se quede, pero no por justicia, esos son los retos de la justicia para Tlaxcala, líneas de investigación solidas que permitan detectar, desactivar, mecanismos que están generando el contexto de violencia”.
La organización Un Mundo Una Nación A.C., responsable del albergue de migrantes “La Sagrada Familia”, fue quién le otorgó las facilidades en alojamiento, alimento y asesoría jurídica, psicológica y atención médica durante el tiempo que duró el proceso.
Desde el 2010, fecha en que la asociación civil defensora de migrantes se estableció, han acompañado en el proceso jurídico a 7 casos de migrantes que buscaban obtener su visa por razones humanitarias ya que fueron víctima de violencia en su paso por la entidad, de los cuales solo se obtuvieron 3, contando la más reciente de Pedro N.
Sobre las otras visas humanitarias otorgadas en el Estado, la primera fue entregada en el 2013 a Rolando L. de origen hondureño debido a causas de salud, y la segunda en el 2016 a Gustavo R. de Nicaragua ya que también fue víctima de violencia.