Por Enrique Gasga
El proceso electoral 2015-2016 para elegir gobernador en Tlaxcala desde el comienzo se vio plagado de irregularidades, con una exagerada tintura política más que jurídica, una evidente intromisión del gobierno del estado y del gobernador para favorecer al candidato del PRI a gobernador Marco Antonio Mena, y lo cual derivó el cinco de junio en una jornada electoral llena de irregularidades y marrullerías para aterrizar todo esto en la judicialización de la misma, lo cual a estas alturas no quiere decir que la determinación final de la autoridad electoral vaya a estar apegada a derecho; sino más bien más politizada.
Valga el comentario de que todas las elecciones en México y por supuesto en Tlaxcala están de raíz preparadas hábilmente para ser impugnadas, y si hay una garantía en cada proceso electoral, es que de acuerdo al criterio de los magistrados del Tribunal Electoral en turno cuándo estas se judicializan éstos cuentan con más pruebas para echar abajo una elección que para ratificarla como válida.
Sin embargo, si tomamos en cuenta que la gran mayoría de elecciones que son impugnadas finalmente la autoridad electoral determina ratificar el resultado de éstas; aquí salta la pregunta: ¿Entonces de qué depende que se logre echar abajo una elección de gobernador?
Es más que conocido que todos los institutos mal llamados autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), y por consiguiente las autoridades electorales locales están validadas por el propio gobierno para poder ser, donde existe un juego malicioso entre el Ejecutivo, el Legislativo y los partidos políticos principalmente para hacer elecciones a modo, y donde en la mayoría de los casos el PRI como partido en el poder ha salido más beneficiado debido a traiciones al interior de los propios partidos de oposición.
Es así que reformas como la electoral que fue aprobada por partidos de oposición aparte de los legisladores de los partidos en el poder encabezados por el PRI fueron aprobadas donde uno de los aspectos más importantes de dicha reforma fue la fiscalización de recursos con la amenaza de que quien rebasara topes de campaña de ganar podría exponer su triunfo.
Lo que no se dijo en esta reforma es cómo haría el INE para operar tal fiscalización cuando no cuenta con los recursos para tan enorme acción; mientras que los partidos por su parte tampoco cuentan con los recursos económicos y humanos para hacerle la tarea al instituto.
Ello obviamente ha permitido por ejemplo que los gobiernos puedan apoyar de forma cínica a los candidatos de su partido, o a los que decidan, como en el caso de Tlaxcala donde a ojos vistos de la ciudadanía la entidad estuvo tapizada de publicidad del entonces candidato del PRI; lo cual no quiere decir que los otros candidatos hayan respetado el rebase de tope de campaña.
Pero entonces sin las pruebas suficientes cómo se podría echar abajo una elección, bueno pues la ley electoral ha sido siempre y es tan flexible que finalmente se puede invalidar una elección utilizando los criterios y argumentos de los magistrados aunque las pruebas no sean contundentes, claro siempre “apoyados en lo que dice la ley en la materia”.
Es así que en Tlaxcala hoy por hoy, las posibilidades de que la elección de gobernador del cinco de junio pasado sea echada abajo, y se realicen extraordinarias no depende en sentido estricto de la ley, sino de intereses políticos.
Aunque para muchos ya no se movería el “triunfo” del priista Marco Mena, hay varias intereses políticos en juego, donde el PRI se ha dedicado durante todo el sexenio a exponer la presidencia de la República, prefiriendo en seis años desfalcar al país y a sus entidades, dejando operar al crimen organizado, entregando al país a los grandes consorcios empresariales sin acordarse de los costos para la ciudadanía.
Hoy el PRI a nivel nacional no cuenta con candidato a la presidencia de la República, y después de sacrificar a Manlio Fabio Beltrones y quemar la imagen de Osorio Chong, Videgaray y Nuño exponiendo su posible candidatura presidencial tras hacer el trabajo sucio en el que seguramente un inmenso recurso económico se estén llevando a cambio de echarse a cuestas parte de la responsabilidad de Ayotzinapa y Tlatlaya, de las malas finanzas y el empobrecimiento de cada vez más mexicanos; así como del desmantelamiento del poder del SNTE y de la CNTE.
De haber perdido el mayor capital político e institucional tras sacrificar la mayoría de las gubernaturas en las elecciones pasadas.
Todo esto y muchas cosas más es como un suicidio presidencial del priismo, y ante esto qué tanto podría interesarle Tlaxcala al presidente de la República.
Pero eso no quiere decir tampoco que la autoridad electoral federal va por todo esto a echar abajo la elección de gobernador en Tlaxcala; esto sólo ha sido una ventana enorme de oportunidad para el PRD si quiere todavía tumbar la elección y piensa ganar una extraordinaria; aunque mover los hilos para influir en el Tribunal Electoral Federal en una cosa de esta magnitud no es nada fácil; aunque hay condiciones políticas para hacerlo.
Es así lamentable que a estas alturas en Tlaxcala y en México las elecciones tengan que definirse más en la mesa del poder institucional y político que en la de los ciudadanos; pero lo más lamentable es que no se vea por ningún lado la intención de blindar las elecciones teniendo una autoridad electoral de verás desligada del control gubernamental y de los partidos.