Por Liliana Becerril Rojas
En México, los procesos electorales involucran a la figura de los partidos políticos como las organizaciones que vinculan a la ciudadanía con los proyectos ideológicos que sustentan las propuestas de administración pública para que dirijan las actividades en los tres niveles de gobierno en lo alto y ancho del país, si su opción se ve favorecida por el resultado en las urnas mediante las elecciones. Sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que estas instituciones también tienen la función de educar a la población sobre el ejercicio de la democracia, para que su participación se lleve a cabo con base en las instancias públicas creadas para tal efecto.
Esta misión que la Carta Magna les otorga a las instituciones partidarias consiste en guiar a quienes sean sus militantes a conocer, entender y practicar los rudimentos democráticos para que los comicios electorales se lleven con apego al estado de Derecho, respetando los lineamientos establecidos en la Ley de Procesos Electorales.
Dentro de los principios que deben inculcarse y promoverse al interior de los partidos figura el principio de Paridad de Género, según el cual debe garantizarse que la condición de igualdad en la participación de hombres y mujeres, en un cincuenta por ciento, en las candidaturas para los diferentes cargos públicos de elección popular.
La responsabilidad de esta misión adquiere una dimensión considerable cuando entendemos que los partidos tendrían que ser los portadores y ejecutantes de esta práctica, de acuerdo con lo que la Constitución les ha encomendado, dando voz y luz a la participación femenina, no como una cuota de ley, ni una concesión condicionada, sino como un genuino principio fundamental porque las mujeres conforman, aproximadamente, el cincuenta de la ciudadanía —en algunas zonas, la población conforma un porcentaje más alto— y por lo tanto, sus propuestas y sus iniciativas deben ser difundidas bajo las mismas condiciones, a través de los mismos medios y con la misma oportunidad que las aportadas por la población masculina.
En la práctica, los partidos políticos no cumplen a cabalidad con esta encomienda, pues impera una ideología patriarcal en la que la participación de las mujeres son sólo un formalismo, pero están condicionadas a aceptar las imposiciones de los dirigentes de las organizaciones, quienes velan más por los intereses de grupo que por ser un instrumento educativo para sus militantes y de la ciudadanía en general.
Desde esta perspectiva, nuestra demanda ciudadana a los partidos políticos debería ser la promoción de los principios de legalidad, no solo en discursos, sino en sus prácticas, así como una verdadera educación para sus militantes, para evitar el clientelismo político, pues desde el conocimiento objetivo deben pensar y hacer sus elecciones, libremente, desde la libertad que da la verdad. #TlaxcalaMasGrandedeloqueCrees