Valentín Sánchez/Este miércoles, el Centro de Derechos Humanos y Desarrollo Local Fray Julián Garcés realizó junto con medios de comunicación un recorrido por 4 municipios como manera de denuncia al caso omiso que han hecho el gobierno de Tlaxcala y Puebla a un año de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitiera una recomendación sobre la contaminación del Río Atoyac.
La CNDH dirigió dicha queja el pasado 21 de marzo del 2017 debido a que “por más de años continuos, las autoridades como la SEMARNAT, la CONAGUA, la PROFEPA y COFEPRIS, así como los gobiernos estatales de Tlaxcala y Puebla, y gobiernos municipales de Tepetitla de Lardizabal, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Nativitas y Tlaxcala se han violado los derechos humanos de las comunidades a pesar de las denuncias que se han generado de los ríos y arroyos qué están siendo instaladas en estos municipios, así como los drenajes industriales y urbanos de las autoridades municipales, los cuales contaminan campos de cultivo, el aire por las grandes cantidades de sustancias tóxicas que generan enfermedades crónicas y terminales.” denunciaron.
En el recorrido con los medios, los habitantes de las comunidades y coordinadoras de «Por un Atoyac con vida» denunciaron que las plantas de tratamiento no funcionan, a partir de las 11 de la noche el olor es intenso y muy penetrante, se puede oler a kilometros de distancia por lo que exigen que se haga algo al respecto ya que se sienten ignorados por el gobierno.
Además acusaron que en 5 años solo se hicieron 9 visitas de inspección, teniendo en cuenta que son alrededor de 2 mil empresas las que descargan sus desechos en el rió y personas han fallecido a causa de la contaminación del rió, por enfermedades de leucemia, cáncer, entre otras.
La ONG señaló que no hay avance ni integración de un equipo interinstitucional para empezar a trabajar en las recomendaciones que buscan el saneamiento por los más de 81 mil 700 toneladas de sustancias contaminantes, es decir 224 toneladas por día.
Por ello, el Centro Fray Julián Garcés exigió a las autoridades a que se conforme el grupo que diseñará el plan de saneamiento integral, que se detengan las obras, las licitaciones y las erogaciones presupuestales destinadas al saneamiento, que se tomen medidas urgentes para detener de manera inmediata los vertimientos de aguas residuales industriales y solicitan una audiencia con el presidente de la CNDH para evaluar los pasos a seguir.