Por Enrique Gasga Ventura
Ahora que las palabras en las pre campañas presidenciales parecen dejar de tener sentido de justicia; donde ante la falta de capacidad y voluntad para combatir a los narcotraficantes se propone que se les otorgue el perdón para que supuestamente no sigan delinquiendo; surge la pregunta, si alguno de los posibles candidatos a la presidencia de la República este determinado también a perdonar otorgando amnistía a los ex gobernadores y funcionarios priistas, o de cualquier otro partido que hayan defraudado, saqueado, robado, o usado en campañas políticas ilícitamente el dinero del erario público.
Sin embargo, dar amnistía a funcionarios corruptos no tiene nada de novedoso en este país, es más la amnistía a narcotraficantes, a miembros del crimen organizado e incluso a delincuentes de cualquier tipo es algo que en mayor, o menor proporción se ha practicado por décadas en México, más fuertemente por gobiernos priistas que durante casi nueve décadas se han asido al poder gubernamental haciéndose expertos en la materia.
Y ahí están las cifras y las circunstancias a la vista de los mexicanos, donde en 2016 -sólo por citar algunos ejemplos-, según una publicación del medio digital Animal Político de acuerdo a información oficial, más de la mitad del territorio mexicano ya tenía presencia del crimen organizado a saber:
“Es el diagnóstico oficial del gobierno federal, respecto a la operación del crimen organizado en el país tras el primer semestre de 2016. Los datos, reunidos por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia Organizada de la PGR, con corte al 30 de junio de 2016, fueron obtenidos vía solicitud de transparencia por Animal Político.
Según la respuesta oficial, el 60% de las entidades federativas tiene presencia del crimen organizado. En comparación con el mismo análisis de 2014, se aprecia que los nueve cárteles reportados hace dos años se mantienen en operación, aunque se redujeron de 45 a 37 sus distintas células delictivas”, según la publicación.
Eso es lo que dicen las autoridades federales del país respecto a la presencia del crimen organizado (narco), en el país; pero que de acuerdo a la violencia que impera, se podría hablar de una presencia mayor.
Aquí lo peculiar, por decirlo de algún modo, es que las detenciones contra jefes de estos cárteles y de sus operadores es casi nula; y cuando han detenido a algún criminal muy conocido como por ejemplo al “Chapo” Guzmán, pues sólo lo encarcelaron a él; pero no se conoció que se haya logrado hacer algo para frenar las múltiples ejecuciones de los cientos, o miles de operadores que tenía, o tiene a su servicio. Y eso no se puede llamar omisión; sino amnistía a cargo del gobierno federal priista.
Pero qué hay de los ex gobernadores y funcionarios que han abusado de los recursos públicos por décadas; y ahí están en los últimos años más de la mitad del país en que gobernadores están acusados de diferentes delitos por mal usando el erario público. Hace algunos meses el periodista Joaquín López Dóriga publicó los nombres y número de ex gobernadores presos, procesados, o prófugos recientemente:
“… apuntaba que eran cinco los encarcelados: los priistas Mario Villanueva, de Quintana Roo; Andrés Granier, de Tabasco; Jesús Reyna, de Michoacán; y Flavino Ríos, de Veracruz; y el panista Guillermo Padrés, de Sonora.
“Sujetos a proceso bajo amparo, dos: Luis Armando Reynoso, panista de Aguascalientes, y Rodrigo Medina priista de Nuevo León.
“Investigados, cuatro: César Duarte, de Chihuahua; Roberto Borge, de Quintana Roo (ya detenido); Fidel Herrera, de Veracruz; y Gabino Cué de Oaxaca.
“Prófugos, tres: Tomás Yarrington, de Tamaulipas; Jorge Torres, de Coahuila; y Javier Duarte, de Veracruz (también ya detenido), todos priistas.
“Hoy la cifra suma 16 ex gobernadores, más de la mitad del total de los estados, pero la situación se ha modificado con las capturas de Tomás Yarrington, en Florencia; y de Javier Duarte, en Guatemala; la declaración de prófugo de César Duarte, de Chihuahua; y la libertad por razones de salud, pero sujeto a arresto domiciliario del veracruzano Flavino Ríos, los cuatro priistas”.
Y aquí sólo se muestra una parte mínima de delitos perpetrados por propios gobernantes; donde los castigos son mínimos; y el daño a los mexicanos de ninguna manera ha sido reparado siendo esto algo así como una amnistía perversa a favor de quienes desde el gobierno, pero sólo unos pocos, de todos los que a lo largo de décadas, han hecho un enorme daño a los mexicanos.
También tenemos muchos más casos de corrupción en nuestro país como el llamado “Pemexgate”, en que se habló de un desvío de al menos 500 millones de pesos de Pemex a la campaña presidencial del PRI de Francisco Labastida vía el sindicato petrolero; situación que a la fecha continúa en la impunidad.
Y recientemente el escándalo en pleno proceso electoral rumbo a las próximas elecciones presidenciales con la presunta triangulación de recursos públicos federales para Chihuahua a campañas estatales del PRI de Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas en 2016, presuntamente en acuerdo con los gobernadores César Duarte, Javier Duarte y Egidio Cantú; escándalo que ha alcanzado al propio presidente Enrique Peña; así como a Videgaray, Beltrones y Meade.
Y que abre la posibilidad de que se hayan dado también malos usos de recursos federales en elecciones de otras entidades que se dieron ese mismo año como el caso de Tlaxcala, y que también tendrían que investigarse.
Ante este escenario caótico e injusto para el país, el asunto de amnistía a criminales, ya sean de fuera, o de dentro del gobierno, resulta un juego perverso que los gobiernos priistas tienen bien dominado; y donde se ha dado bajo su cobijo una amnistía oculta disfrazada de omisiones e incapacidad, en el mejor de los casos, y en el peor hasta de complicidades, todo a favor de los criminales.
Es así que de ganar el PRI la próxima elección presidencial es lógico pensar que el trato hacia el crimen organizado continuará siendo el mismo; y probablemente lo que cambie sean sólo las estrategias para seguir teniendo leyes a modo, y seguir dando amnistía oculta a narcotraficantes; así como a criminales disfrazados de autoridades que hoy gobiernan en varias entidades del país.
En el caso de MORENA, la propuesta de López Obrador de dar amnistía a narcotraficantes para buscar la paz en el país, es algo no nuevo según este análisis, pero aún muy ambiguo; ya que no sabemos, y lógicamente se nos ocultarían los acuerdos a los que llegaría con los cárteles.
Pero de entrada sobresalen las múltiples críticas contra esta propuesta; y el cuestionamiento contra el Peje de perdonar a nombre de México a quienes han causado tanto dolor a miles de familias; además que también falta conocer si esa amnistía también alcanzará a los ex gobernadores y funcionarios acusados de diversos delitos.
En este contexto, quizá la posición del precandidato del PAN a la presidencia de la República Ricardo Anaya sea hasta el momento la más coherente; ya que declaró hace unas semanas:
“Nosotros somos los que vamos a poner fin al pacto de impunidad; no vamos a perdonar a los corruptos, no va a haber venganza, pero sí va a haber justicia”, es decir se acabarían las amnistías a criminales; tarea nada fácil.
Hoy la amnistía, o el perdón se ha dado, u ofrecido a criminales que no muestran ningún arrepentimiento, y ese precisamente ha sido la peor equivocación; y de seguir dándose así este camino no augura nada bueno para el país; lo que necesitamos es justicia para las miles de víctimas y sus familias, y que haya seguridad y paz en un México que vive la peor guerra en el mundo sin ser una guerra contra otro país; sino una guerra de delincuentes de todo tipo contra ciudadanos indefensos ante un gobierno oscuro que no actúa en consecuencia. Urgen soluciones y propuestas claras.