Por Sergio Luna Cuatlapantzi[1]
Un Mundo una Nación A.C. se une al reclamo de diversos colectivos de organizaciones civilesdefensoras de derechos humanos quienes, en el marco del día internacional de las personas migrantes,siguen exigiendo al Estado Mexicano que cumpla su deber y su obligación de garantizar los derechos de las personas migrantes en México. En Tlaxcala, le recordamos al gobierno estatalque en nuestra entidad existe una agenda pendiente para la protección de los derechos de la población migrante; no solo con las personas que transitan por nuestra entidad, sino con sus mismos migrantes, con nuestras familias.
Al respecto, el “Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria”, colectivo integrado por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos en México, se ha pronunciado públicamente sobre la situación general de los derechos de las personas migrantes en México. Aquí retomamos parte de sus planteamientos, por lo que reconocemos que para nuestras comunidades empobrecidas, al igual que en Centroamérica, las personas migrantes han tenido un aporte decisivo en el sostenimiento de nuestras economías locales;contribución que desafortunadamente no ha encontrado corresponsabilidad de las autoridades locales, quienes desdeñan la atención que esta población requiere.
Debemos reconocer también que la población migrante sea ésta de origen, tránsito, destino o retorno, hoy en día enfrenta muchos retos ya que en distintas partes del mundo, como en nuestra región, van ganando terreno marcos normativos y políticas migratorias violatorias de derechos humanos que, sustentadas en el racismo y la xenofobia, alientan actos de discriminación y criminalización en contra de la población migrante.
En los últimos años, ante el aumento del número de familias centroamericanas que se ven obligadas a salir de sus países por la intensificación de la violencia y la pobreza, México cada vez más es considerado como un país de destino. Estas condicionesdeben obligar a los países de nuestra región a aprobar leyes y políticas públicas con presupuestos aprobados; con las cuales, atender las necesidades de esta población, proteger sus derechos humanos y combatir cualquier acto de discriminación. Recordemos que en nuestro país, Tlaxcala no es la excepción, las personas migrantes víctimas de delito siguen enfrentando la obstrucción en el acceso a la justicia y la reparación del daño; así mismo, sigue sin respetárseles su derecho a la identidad legal, a un trabajo en condiciones justas y equitativas, a la protección de su vida, a la alimentación, a la unidad familiar, entre otros.
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos como el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria han planteado que es urgente que México armonice sus políticas públicas migratorias con los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Ejemplo de esta necesidad es lo que ocurre con las niñas, niños y adolescentes migrantes a quienes el hecho de migrar afecta sobremanera su salud física y metal.
Por los testimonios que registramos, sabemos que si llegan a ser detenidos por las autoridades migratorias, muchas veces permanecenprivados de su libertad en lugares destinados para personas adultas, en espera de ser deportados. Los agentes migratorios que les atienden generalmente no están debidamente capacitados para ello, no se les dan a conocer sus derechos como el derecho al refugio; incluso, si son detenidos en compañía de algún familiar, generalmente son separados de ellos, pasando incluso varias semanas encerrados en la estación migratoria, o bien son devueltos a su país sin analizar las repercusiones que esta deportación pudiera traer para su seguridad.. Según el Instituto Nacional de Migración, de enero a octubre de este año, se registraron 14,678 eventos de niñas, niños y adolescentes privados de libertad en estaciones migratorias y 12,892 eventos de “devoluciones”.
Ante este tipo de condiciones, toma fuerza la exigencia al estado mexicano para que armonice la Ley de Migración con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que se garantice efectivamente el Interés Superior de la Niñez, la no discriminación, y la unidad familiar, así como la no detención de la niñez y adolescencia migrante en estaciones migratorias. El llamado general ha sido que a las niñas, niños y adolescentes no sean tratados por las autoridades mexicanas únicamente a partir de su situación migratoria, pues esta condición no los define; deben ser tratados como personas, como niñas, niños y adolescentes con derechos.
En materia de acceso a la justicia, trayendo a cuenta las recomendaciones del Comité de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, nos sumamos al llamado que se hace a las y los impartidores de justicia para que garanticen el debido proceso y el acceso a la justicia para las personas migrantes, solicitantes de asilo y de protección complementaria en todo el país, así como garantizar la reparación del daño y las garantías de no repetición para víctimas de delito.
Enfáticamentesostenemos que la detención, mejor dicho, la privación de la libertad de las personas migrantes en estaciones migratorias, es una medida que vulnera sus derechos y criminaliza a la migración. Por ello, nos sumamos a la exigencia de hacer modificaciones al marco jurídico actual en materia migratoria para que la privación de libertad de personas migrantes y solicitantes de protección internacional, en México,sea una medida excepcional y no la regla, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso específico y la valoración de medidas alternativas a la detención que tengan un menor impacto en las personas.
Nos preocupa también que siga vinculándose el tema migratorio al de seguridad nacional, pues esto además de criminalizar a las personas migrantes, obstaculiza y ponen en riesgo el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que defendemos los derechos humanos. De igual forma, nos sumamos a la preocupación de otras organizaciones ante la entrada inminente de la Ley de Seguridad Interior,“pues con ello se incrementarán y legalizarán las verificaciones y detenciones migratorias por parte del Ejército y la Marina, instancias que han sido denunciadas por violaciones graves a derechos humanos inclusive de personas migrantes. Además, las revisiones a casas de migrantes, centros de derechos humanos y albergues podrán realizarse sin ningún tipo de orden judicial, poniendo en riesgo no sólo la seguridad y la vida de las personas migrantes, muchas de ellas víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos, sino también de personas defensoras de derechos humanos”.
Por una cultura de hospitalidad y no discriminación contra personas migrantes y solicitantes de refugio. ¡Piensa sin prejuicios, actúa con hospitalidad!
[1] Director de un Mundo una Nación A.C.