- Los hermanos Alfredo y Eduardo Cortés Rodríguez fueron capturados oportunamente en 2007 por la entonces Policía Ministerial, ya que privaron de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro a un hombre en Huamantla y lo ultimaron en Puebla.
Coyuntura/Gracias a las pruebas aportadas dentro del proceso penal correspondiente por parte del Agente del Ministerio Público, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) consiguió que un Juez Penal condenara a Alfredo y Eduardo Cortés Rodríguez a 57 años y nueve meses de prisión, además al pago de mil 305 días de salario mínimo, ya que se acreditó su plena culpabilidad por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro y homicidio calificado.
El antecedente de este logro jurídico se concretó en noviembre de 2007, cuando los entonces agentes ministeriales se abocaron a esclarecer el plagio de una persona del sexo masculino perpetrado en Huamantla.
Asimismo, tuvieron conocimiento que el afectado fue encontrado sin vida en el estado de Puebla; sin embargo, tan solo días después del ilícito, los agentes de la Policía Ministerial localizaron y aseguraron a Alfredo y Eduardo Cortés Rodríguez, por su probable participación en el secuestro y muerte de quien en vida respondió al nombre de Edmundo N.
De esta manera, los probables responsables reconocieron que privaron de la libertad al hoy occiso en el municipio de Huamantla, para posteriormente llevarlo a la colonia Granjas Puebla, donde le quitaron la vida.
Con este y otros indicios, el Representante Social integró debidamente la Averiguación Previa, en la cual acreditó la culpabilidad de los imputados por el delito privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro y homicidio calificado.
Por ello, el 6 de abril del año en curso, el Juez de la causa los condenó a 57 años y nueve meses de prisión, además al pago de mil 305 días de salario mínimo.
A través del puntual seguimiento a cada una de las denuncias, la Procuraduría General de Justicia del Estado, ratifica su compromiso de agotar todos los medios jurídicos, legales y de investigación, con el propósito de garantizar la paz social a la sociedad tlaxcalteca.