Por Enrique Gasga
El sexenio de Enrique Peña se ha caracterizado por la entrada en vigor e impulso de un cúmulo de leyes a la medida de la presunción del gobierno de contar con una supuesta legislación de avanzada poniéndolo en el pedestal de un gobierno reformador; pero han sido leyes que no sólo están muy alejadas de dar un beneficio real a los ciudadanos, sino que han ido construyendo una crisis en la mayoría de sectores de la sociedad, afectando drásticamente al ciudadano común y corriente; un ejemplo de esto es la denominada Ley Anticorrupción que como propuesta ciudadana causo revuelo; pero que poco a poco el gobierno la ha ido absorbiendo.
Uno de los grandes problemas es lograr la funcionalidad de una ley para combatir eficientemente la corrupción ejercida como una práctica común por décadas en todo México; ya que con la llamada Ley Anticorrupción realmente no se puede hablar de un combate a las prácticas de corrupción y castigo a sus ejecutores; sino más bien de una ley que está sirviendo preponderantemente para legitimar una supuesta lucha contra este mal por parte de las autoridades gubernamentales.
Pero que no es sino una simulación; ya que no se combate el problema de raíz porque el gobierno como de costumbre se convierte en juez y parte; y donde la mayor parte de corrupción está presente precisamente en el aparato gubernamental.
La Ley 3 de 3 impulsada en gran parte como una iniciativa ciudadana de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y la cual hace referencia a la obligación de los servidores públicos de presentar tres declaraciones distintas, pero complementarias sobre su situación patrimonial y fiscal; no ha tenido los resultados esperados; ya que es común observar que la gran mayoría de gobernantes de diferentes niveles simplemente no la respetan, o sólo presentan una parte de la información que está obligados a transparentar.
Y aquí el problema es que las propias autoridades que deberían encargarse no sólo de vigilar el cumplimiento debido de esta ley siguen permitiendo a sus homólogos la omisión en el cumplimiento de la misma.
La Ley del Sistema Nacional Anticorrupción define al Sistema como un ente donde interactúan distintas autoridades como son: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAIP), la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de la Función Pública, y el Comité de participación Ciudadana.
Sin embargo, en esta estructura la ciudadanía únicamente ocupa apenas un pequeñísimo lugar; ya que son las autoridades gubernamentales las que finalmente de alguna manera controlan la auditoría, vigilancia y fiscalización del gasto federalizado.
Ello en un contexto histórico cultural en que dichas autoridades encargadas de brindar justicia siguen ligadas, y en la mayoría de casos, subordinadas a las decisiones del presidente de la República, y en el caso de los estados a las del gobernador.
En este mismo contexto la autonomía de organismos como la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto de transparencia y las contralorías entre otros, sigue siendo una simulación; ya que la mano de los gobernantes y de los partidos políticos siguen metidas en la designación de los titulares y funcionarios de dichos organismos; así en el caso de la mal llamada “Ley del Sistema Nacional Anticorrupción”.
Es así que el Presidente de la República; así como gobernadores y diputados principalmente del PRI en primer lugar, y de los partidos PAN y PRD que son los de mayor representatividad en el país y en los estados; se han ido adjudicando dicha ley más para legitimar su supuesta lucha contra la corrupción, pero que en realidad sólo servirá como la están planteando, para eso, para legitimar algo en el papel; pero que en el combate a la corrupción en la realidad de los mexicanos y los tlaxcaltecas por supuesto no ha mostrado funcionalidad.
Mientras tanto la corrupción sigue operando con gran fuerza en los gobiernos, en los tres poderes gubernamentales, en los cuerpos policiacos al por mayor, en las negociaciones de la iniciativa privada con el gobierno, y lamentablemente entre la sociedad civil que – hay que mencionarlo-, en la mayoría de casos tiene pocas, o nulas oportunidades de no ser corrupta; ya que el sistema casi te obliga a serlo; en una sociedad con un gobierno que sigue ejerciendo sistemáticamente una corrupción vertical y horizontal, y un discurso que sólo sigue simulando combatirla.