Por Enrique Gasga
Uno de los cánceres existentes en la mal llamada procuración de justicia en la entidad; sin duda es precisamente lo contrario; ya que parece que se ha hecho común que al recibir alguna denuncia la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por algún presunto delito de desaparición, secuestro, trata o feminicidio, la justicia nada más no llega, o el resultado cual sea es adverso para las víctimas y su familia, y que las características que a menudo tiene el actuar de las autoridades hacen pensar que esto reviste algo más que negligencia.
En una publicación hecha por el periódico digital nacional “Contralínea”, sobre la desaparición masiva de niñas y adolescentes, relacionadas con prostitución forzada en México, encontramos que Tlaxcala pese a ser el estado más pequeño de la República ocupa el tercer lugar por indagatorias relacionadas con este delito con 37 casos entre enero de 2013 y febrero de 2016, sólo superado por Puebla y la Ciudad de México en este periodo.
Según datos expuestos por el Centro Fray Julián Garcés de acuerdo a una investigación realizada, ya hecha pública, el número de expedientes por este delito en la entidad es de aproximadamente 200; sin embargo, de acuerdo al reporte emitido por el gobierno de Mariano González sólo se lograron sanciones en 13 casos.
En cuanto a personas desaparecidas en la entidad tan sólo entre 2013 y 2014 según se publicó en diferentes medios de acuerdo a datos de la SEGOB las desapariciones fueron aproximadamente veinte en este periodo siendo en su mayoría las víctimas mujeres y niñas.
En una publicación de octubre de 2014, el periódico digital e-consulta Tlaxcala difundió algunos datos de las personas desaparecidas:
“Dentro de los casos más sonados se encuentra la desaparición en 2013 de Nancy Corona Romero de 16 años que desapareció el 31 de enero en Papalotla, Nathaly Guadalupe García Flores de 13 años desaparecida el 4 de marzo con municipio desconocido, Vianey Flores Medina de 22 años de Tlaxcala desapareció el 20 de marzo, Montserrat Torres Vega de 14 años desapareció del albergue del DIF en Tlaxcala el 11 de mayo, Katya Moreno Carmona de 15 años desapareció el 7 de junio se desconoce su municipio.
Así como María Guadalupe Tenorio Pérez de 16 años de Apizaco desapareció el 14 de junio, Jessica Bello Camacho de 16 años sigue sin aparecer después del 20 de junio, Evelyn Sandoval Juárez de 16 años desapareció el 14 de agosto, quien al parecer se fue por su cuenta propia y se presume fue localizada, Diana Ramos Vázquez de 13 años de Apetatitlán desapareció el 20 de noviembre.
Para el mismo año continúan las desapariciones con Yezhua Alessandro González de ocho meses de edad de Tlaxcala, desaparecido el 21 de diciembre al igual que Rosa Isela N. de 16 años que fue reportada desaparecida en Yucatán y localizada en Tlaxcala, al finalizar el año se reportó la desaparición el 31 de diciembre de Alexis Tieco China de 12 años en San Pablo del Monte.
En 2014 se tiene conocimiento de la desaparición el 17 de enero de Angélica Munive Pérez de 14 años de edad de Xicohtzinco, quien fue localizada; así como el caso de María Isabel Xochipa García de 13 años desaparecida originaria de Totolac que no ha regresado desde el 27 de enero, así como la desaparición de María Victoria Palacio Saucedo, de quien se desconocen sus características”.
De estos casos, voy a destacar el de María Isabel Xochipa de 13 años de edad originaria del municipio de San Juan Totolac, menor de edad que meses después fue reportada como encontrada en el estado de Puebla; pero que no fue entregada a su familia, sino meses más tarde por supuesta seguridad, y donde su padre desesperado porque no fue sino hasta después que las autoridades de la PJGE le comentaron que al parecer su hija había sido violada.
La menor necesitó lógicamente atención psicológica, y después de años ha manifestado su papá que no se ha recuperado; pero además nunca tuvo según nos comentó la información clara de que pasó con su hija, si fue víctima de trata, o qué pasó con ella.
El hecho es que la vida de esta menor y la de su familia ya no volverá a ser la misma, hay tristeza y frustración en sus rostros, pero también molestia y posiblemente rencor y hasta odio contra las autoridades de “procuración de justicia” de la entidad en el sexenio marianista debido a que nunca fueron claros con las investigaciones realizadas, y donde evidentemente no hubo castigados.
Caso emblemático sobre la incapacidad ya no digamos para investigar los casos de desaparición de personas por parte de las autoridades estatales, sino para al menos seguir los protocolos ante una desaparición, o desaparición forzada, y para actuar con prontitud, es el de la menor Karla Romero Tezmol, niña que con apenas 11 años despareció durante su trayecto a la escuela en el municipio de San Pablo del Monte.
En este caso la PGJE mostró algo más que su incapacidad para atender este tipo de casos; para empezar las autoridades provocaron la pérdida de pruebas que podían ser determinantes para encontrar a la menor como un video grabado por un vecino sobre lo sucedido donde se mostraba según testimonios el momento en que la niña fue subida a un vehículo color negro, un video del que la propia familia de Karla dio cuenta; pero las autoridades por una supuesta confusión revisaron otra fecha y la grabación del día de la desaparición cuando se quiso revisar había sido borrada, según relató en su momento la familia de la menor.
Por si fuera poco, la PGJE aun cuando la desaparición de Karla fue reportada horas después del hecho, la PGJE se negó a emitir la “Alerta Amber”.
En este sentido, la activación de la “Alerta Amber” sirve para que las y los menores desaparecidos puedan ser detectados en centrales de autobuses, salidas carreteras, aeropuertos, cuyo objetivo es crear un cerco que impida que las víctimas sean extraídas de su localidad de origen. Pero esto debe hacerse en forma casi inmediata. En el caso de Karla la PGJE se tardó más de veinte días en activarla.
Y por si fuera poco, según han relatado familiares de Karla, cada vez que tienen alguna información que puede servir para las investigaciones, las autoridades la desechan como las llamadas anónimas que han recibido, y a las que no se ha querido dar seguimiento.
Como la ocasión en que recibieron una llamada anónima en la que les dijeron que a Karla la tenían en el hotel Río de Puebla. En este caso la familia no quiso perder tiempo avisando a la PGJE sabiendo que no habían dado seguimiento a las demás llamadas anónimas, y actuaron de manera directa acudiendo al lugar donde encontraron un ambiente terrible de prostitución de niñas y jovencitas, según relataron.
Pero cuando trataron de buscar a la menor en el hotel ya no se estaba dando servicio debido a que les avisaron que habría un operativo precisamente para buscar a Karla; por lo que los familiares ya no pudieron hacer nada para seguir con la búsqueda, y es que los posibles tratantes que prostituían a dichas menores ya estarían avisados del operativo. A la fecha no se ha dado con el paradero de Karla.
Otro dato que pone en entredicho el actuar de la PGJE lo reveló apenas hace unos días el periódico “El Sol de Salamanca”, en una publicación donde muestra entre otras cosas que en el caso de desaparición de personas es grave que haya 11 Estados donde “de plano”, no es posible encontrar registro de personas desaparecidas (entre ellas Tlaxcala), y donde incluso hay un uso indistinto de términos como “desaparecido”, “extraviado”, “ausente”, y “no localizados”.
Además están los casos de feminicidio y violencia de género de diferentes tipos mientras que las desapariciones continúan en la entidad; no así la “procuración de justicia”; no así la atención a víctimas y a su familia; no así las investigaciones que en muchos casos ni siquiera se realizan quedando las denuncias sólo como actas circunstanciadas; no así el castigo a secuestradores, asesinos, tratantes y demás victimarios de mujeres y niñas.
Ante este escenario en Tlaxcala urgen ya no discursos y promesas, o compromisos,; sino acciones inmediatas por parte del gobierno del estado; hace falta reivindicar el trabajo de la PGJE; y los resultados positivos de todo esto sólo se verán cuando se brinde un apoyo real a las familias de las víctimas; se hagan investigaciones, se reaccione con prontitud ante las denuncias; se logre rescatar a las víctimas y castigar a los culpables, no a uno que otro para justificar el supuesto trabajo de las autoridades; sino a los que más se pueda desarticulando las redes de secuestro y trata; si no, de nada vale meter a la cárcel a un solo delincuente mientras las redes delictivas siguen operando a placer en Tlaxcala que lamentablemente dista mucho de ser el Estado seguro que un día fue.