Por Layla Ahlam Vázquez Flandes
No podemos negar que las mujeres vivimos constantemente violentadas psicológica, económica, cultural, verbal, física y sexualmente todos los días, tanto en espacios públicos como privados, por el simple hecho de ser mujeres. Esta es una realidad que miles de mujeres en el mundo y en el país visibilizamos y denunciamos el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Lejos de haber sido un día de celebración, como pretendieron hacerlo ver los medios masivos de comunicación y las autoridades estatales, muchas de nosotras nos mostramos conscientes de que es una fecha que sirve para reiterar las demandas que las mujeres hemos sostenido durante mayor o menor tiempo, y que apuntan a una transformación radical de la sociedad machista y patriarcal en que vivimos. En ese sentido, grupos de mujeres sindicalistas, trabajadoras, estudiantes, defensoras de territorios y de los bienes naturales, feministas, trans y lesbianas, entre otros, nos movilizamos para alzar la voz y poner nuestros cuerpos en el espacio público para hacernos visibles y demandar las condiciones sociales, culturales y políticas para que todas podamos vivir libres de las violencias a las que hemos sido sometidas históricamente.
A pesar de los esfuerzos que las mujeres hemos hecho no sólo en dicha jornada de lucha, sino en los diversos espacios en los que nos desenvolvemos, encontramos que las agresiones contra nosotras se replican no solamente en la calle o en nuestros hogares de manera cotidiana, sino en los mismos espacios de lucha, siendo nuestros supuestos compañeros los agresores. Una lamentable y condenable muestra de ello se dio el día 12 de marzo en la Ciudad de México: Edgar López Ramírez, integrante del Chanti Ollin, agredió física y verbalmente a una de sus compañeras, golpeándola, jalándole sus cabellos e intentando asfixiarla. Este hecho se vuelve particularmente escandaloso en vistas de que Chanti Ollin es, para la capital, un referente de construcción de modos alternativos y contrahegemónicos de vivir, ya que es un edificio ocupado desde 2003 por personas estudiantes que participaron en las huelgas universitarias en su momento. Además, este espacio fue recientemente víctima de la represión estatal: un operativo realizado por 800 granaderos entraron al edificio para detener de manera arbitraria a 26 personas; esto, en la madrugada del 22 de noviembre del año pasado.
Este hecho no es aislado, sino que es un caso de entre tantos que quedan en el silencio y en la impunidad debido a que, a pesar de los esfuerzos que las diversas luchas realizan para la transformación de la sociedad, el machismo y las estructuras patriarcales no sólo no son cuestionados dentro de los movimientos, sino que son justificados de diversas formas. En casos como el de la compañera agredida por López Ramírez, son los “compañeros” varones quienes protegen al agresor y, o bien responsabilizan a la víctima por la agresión, o niegan lo ocurrido escudándose tras el nombre de los movimientos y de los procesos que éstos generan. Estos casos son completamente inadmisibles siendo que las luchas contra el despojo y la injusticia social deben señalar a las desigualdades entre hombres y mujeres, que hacen que seamos minimizadas, acalladas y gravemente violentadas dentro de casi cualquier espacio; y este señalamiento puede y debe ser hecho desde las mismas compañeras.
Si desde nuestros diversos espacios de lucha y resistencia buscamos construir otros mundos posibles, es menester que las mujeres también podamos vivir libres de violencias y seamos participes activas de la liberación de los pueblos y de las personas, y para ello los espacios en los que ya participamos deben ser seguros y tomar en serio las denuncias y señalamientos de mis compañeras.