- La sentencia de la CIDH se convierte en jurisprudencia para México.
Coyuntura/ Jueces y abogados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respaldaron el trabajo de la Comisión Contra la Trata de Personas que encabeza la legisladora por Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández, para que se aprueben en la Cámara de Diputados las reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Y es que los especialistas de la Corte coincidieron en señalar que México requiere de una ley vanguardista, eficaz y eficiente para castigar con penas severas a los delincuentes, además de garantizar programas que prevengan, protejan y atiendan a las víctimas.
Durante la presentación de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso de trabajadores de la Hacienda Verde vs Brasil, el juez Patricio Pazmiño Freiré, dio a conocer los criterios y conceptos que señaló y aplicó en materia de trata de personas y esclavitud, como referente del Sistema Jurídico Interamericano y Nacional.
Ante representantes de la sociedad civil, Poderes Judiciales, Procuradurías Generales de justicia, fiscalías, de Comisiones de Derechos Humanos, instituciones educativas, organismos empresariales y autónomos, el juez de la CIDH también habló sobre la actualización de los conceptos internacionales en la materia y la responsabilidad de los Estados que forman parte del Sistema Interamericano en la prevención, persecución, sanción, y protección integral de las víctimas.
La Senadora Adriana Dávila, agradeció el apoyo que recibió por parte de la Corte, pero además advirtió que seguirá en la lucha para erradicar este delito en el país, exigirá al Gobierno Federal, entidades federativas y municipales la difusión de programas preventivos.
Precisó que la resolución de la CIDH se convierte en jurisprudencia para su aplicación de la norma en el país, pues México pertenece al sistema interamericano.
Destacó el trabajo coordinado de las Comisiones de Derechos Humanos, de Justicia y Contra la Trata de Personas del Senado y la CNDH, las cuales caminan en el mismo sentido.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña agregó que en el país se debe resolver la armonización del Protocolo de Palermo, para que México atienda de manera debida, los elementos legales claros y precisos para fincar responsabilidades penales frente a una comisión de delito que tiene que ver con trata de personas.
La senadora Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, puntualizó que este delito afecta prácticamente a todos los países y, en este contexto, el Senado de la República ha trabajado intensamente para avanzar hacia la construcción de instrumentos normativos que combatan el problema con mayor eficacia.
El Primer Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez, apuntó que la sentencia del caso de los Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs Brasil, es una resolución histórica porque es la primera vez que la prohibición de lo que se denomina “trabajo esclavo” es aplicada a un caso concreto en el continente, considerado como responsabilidad y deber de un Estado el enfrentar la esclavitud y la trata de personas.
Carlos Gaio, abogado de la Corte Interamericana, dijo que la sentencia revisa toda la parte normativa existente sobre la prohibición de trata, esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso en mecanismos del derecho internacional general, del derecho penal internacional, del derecho internacional humanitario, de convenciones regionales de Derechos Humanos, y de estatutos de los tribunales ad hoc internacionales.
La también abogada de la CIDH, Georgina Vargas, indicó que la responsabilidad del Estado brasileño respecto a actos de particulares donde no actuó directamente, deviene de una falta de acción en los hechos del caso y, sobre todo, porque el Estado tenía conocimiento de la situación en que se encontraban los trabajadores de la Hacienda.
Finalmente, Edgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, manifestó que de tener más conocimiento sobre la sentencia de la CIDH, se le habría allegado información del caso Comondú, en México, para que se tuviera un contexto más amplio.
Puntualizó que los resultados de la resolución emitida por la Corte Interamericana para Brasil, también obliga a México en el tema, ya que se están fijando estándares y se debe actuar en consecuencia.