Por Layla Ahlam Flandes Vázquez*
Tras ver una serie de medidas represivas y presumiblemente criminalizantes de la protesta social en México, en el contexto de la serie de movilizaciones dadas a raíz del “gasolinazo”, volvemos a ver en el país un ejemplo más de cómo toma el Estado mexicano las muestras de inconformidad de parte de la ciudadanía. El 13 de febrero del presente año, integrantes de la organización Mexicali Resiste, así como personas ciudadanas de este municipio, fueron reprimidas de forma violenta entre las 8 y las 9 de la mañana. Estas personas se encontraban en un plantón a las afueras del Ayuntamiento de Mexicali, exigiendo al gobierno municipal el alto al alza a los precios de la gasolina, la transparencia y la rendición de cuentas de parte de las y los funcionarios, la reducción del impuesto predial y la no privatización del abastecimiento de agua.
El operativo contra las y los manifestantes comenzó a las 8:00 de la mañana de aquel lunes, cuando elementos de la policía municipal hicieron una valla humana en torno al plantón. Unos minutos después, alrededor de las 8:15, se dio paso a la detención de 8 personas, quienes participaban en este plantón. Posteriormente, más o menos a las 9:00, se volvieron a presentar los elementos policiacos para detener a otras 5 personas, de modo que durante dicho operativo se detuvo a un total de 13 personas de manera arbitraria, para después ser privadas de todo tipo de enlace con sus compañeras y compañeros. Entre las personas detenidas había mujeres y mayores de edad, que fueron agredidas tanto verbal como físicamente a lo largo del operativo. Más o menos 12 horas después de realizado el operativo, las y los manifestantes detenidos fueron puestos en libertad, aunque se les imputan los delitos de sedición y lesiones, y seguirán su proceso legal.
Las personas detenidas, y posteriormente liberadas, en el plantón de Mexicali Resiste, fueron: Arturo Ramírez, Francisco Javier Pérez, Benjamín Zavala Méndez, Filiberto Sánchez, Jorge Hugo Bravo, Jorge Benítez López, Ignacio Gastélum Ruiz, Santa Cecilia Hernández, Mario Sotelo, María Guadalupe Mora Quiñones, Verónica Jiménez Orta y Jorge Hugo Brambila Valdés.
Este caso es un reflejo de tantos otros que han ocurrido a lo largo y ancho del país, especialmente durante el mes de enero en el que hubo movilizaciones de todo tipo en contra del alza a los precios de los combustibles, teniendo respuesta por parte del Estado con actos de represión y criminalización de la protesta. Otro caso paradigmático durante estas fechas fue el de la detención de Hiram Soto, Javier Reyes Ortiz y Job Villanueva, en el plantón frente a la Planta de abastecimiento de Pemex en Durango. A estas tres personas, el 7 de enero de este año, fueron detenidas también de manera arbitraria y acusadas de haber realizado daños por 6.5 millones de pesos.
Esta tendencia a la criminalización de la protesta social por diversos medios ha ido en incremento desde el año 2012, cuando el presidente Enrique Peña Nieto tomo protesta. No está de más recordar que su sexenio inició con un fuerte operativo represivo a las manifestaciones en contra del inicio de su mandato. Aunque queden dos años de su sexenio, la tendencia es que los actos represivos continuaran y que serán cada vez más fuertes, especialmente en un contexto en el que se buscan generar leyes que legitimen el uso desmedido de la fuerza contra personas manifestantes. Hay muchos casos semejantes dados en todo el país, de acuerdo a lo que diversas organizaciones sociales, como el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) documentan. Para estos casos, es importante visibilizar estas situaciones aprovechando los medios de comunicación que ahora tenemos a la mano, especialmente redes sociales; esto, para que los casos de represión de protesta no queden en la sombra y puedan alzarse, con tal de que se puedan dar procesos de exigencia de justicia hacia las personas violentadas.
*Layla A. Flandes Vázquez es una mujer transgénero joven de la CDMX. Es colaboradora en el Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria, O.P.», donde ha tenido la oportunidad de acompañar movimientos en defensa de los DESCA. También es integrante del colectivo de personas trans, «Escuadrón T», en donde se da acompañamiento a personas trans en diversos ámbitos de su transición y se busca incidir en políticas públicas en pro de los derechos de las personas trans.