Por Enrique Gasga
La medida que el gobierno federal implementó con el reciente aumento drástico al precio de la gasolina y el diésel, y el cual está derivando en el encarecimiento generalizado de precios de productos y artículos de primera necesidad; así como de diversos servicios, prácticamente rebasó lo excesivo de la política de ingresos que ha ejercido el actual gobierno federal, y en la que los que menos tienen resultan como siempre ser los más afectados; no es sino una medida torpe e irresponsable que empieza a derivar en una escalada de violencia e inestabilidad que no sólo golpea a la economía social, sino al propio aparato gubernamental.
Dicha medida del más reciente aumento a los precios de los combustibles muestra el cinismo de un gobierno que mintió en todo momento al pueblo mexicano de que con las reformas estructurales iban a generarse beneficios para la economía de todos los mexicanos como la reducción de los costos en los precios de energéticos, lo cual no resultó sino una tomada de pelo.
Y es que cuando Enrique Peña Nieto inició su gobierno en 2012 el precio de los combustibles era aproximadamente de $10.63 para gasolina magna y de $11.19 para la Premium, mientras que el costo del diésel era de $10.99, precios que ya eran de por sí muy altos para los bolsillos de los mexicanos.
Sin embargo, apenas en el cuarto año del gobierno peñanietista la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que los precios promedio a nivel nacional del 1 de enero al 3 de febrero de 2017 serían de $15.99 para la gasolina magna; $17.79 para la gasolina Premium y de $17.05 para el diésel, que representan con relación a 2012 un incremento drástico y tramposo de aproximado el 33 por ciento.
Con el aumento a los combustibles se ha generado además una escalada de precios al alza de otros productos y servicios como un incremento de $48.00 al gas LP alcanzando en Tlaxcala un precio de $308.00; el alza de precios de transporte que ya se está dando en diversas partes del país; así como el incremento en los productos de la canasta básica, entre muchos otros y lo cual está obviamente golpeando arteramente los bolsillos de la mayoría de los mexicanos.
Ante este escenario las manifestaciones de inconformidad por parte de ciudadanos, grupos políticos y organizaciones diversas no se han hecho esperar por todo el país, y muchos de los cuales empiezan a generar conflictos sociales violentos.
Sin embargo, los costos no quedan ahí, producto de dichos aumentos se abrió el debate en el Congreso de la Unión y entre los actores políticos unos en contra, y otros con intereses con el gobierno federal tratando de justificar lo injustificable.
La molestia del pueblo mexicano por esta drástica medida de aumento excesivo a los combustibles contra el gobierno federal ha sido evidente, y lo cual obviamente ha merecido el repudio hacia el aparato gubernamental federal acrecentando aún más la falta de credibilidad en la dupla PRI-gobierno.
Ante este escenario que aunado a los hechos de Tlatlaya, Ayotzinapa, los cárteles de la droga, la delincuencia organizada, los secuestros, la inseguridad generalizada, el desempleo y la pobreza que ha seguido creciendo, los costos para el priismo en las elecciones venideras pudieran ser adversos poniéndose en riesgo la presidencia de la República para un PRI en el gobierno que ha seguido pisoteado la confianza del pueblo mexicano.
Sin duda, este tipo de medidas han ido más allá de lo excesivo reflejando una visión estúpida por parte de sus impulsores, o una política perversa de un gobierno federal abusivo, cínico, corrupto y amafiado que evidentemente está tomando para sí lo más posible, aunque tenga que ceder Los Pinos.