Por Enrique Gasga
La iniciativa del presidente de la República Enrique Peña Nieto que permite el matrimonio de personas del mismo sexo y que cuenten con derecho de adopción; así como el doble discurso de la iglesia católica al respecto; mantienen un alto grado de irresponsabilidad por la enorme cantidad de afectaciones a los derechos tanto de los menores que pudieran ser adoptados como de la “Familia”, en tanto institución, e incluso de las propias personas que buscarían ejercer dichos derechos de esta iniciativa sin tener lo básico para garantizar los derechos del menor en caso de adopción.
Más allá de simplemente incluir en la Constitución mexicana el derecho al matrimonio igualitario y la ampliación de la fracción III del artículo 390 del Código Civil Federal para agregar que “la orientación sexual, ó la identidad y expresión de género”, no constituyen un obstáculo para considerar que una persona es apta para adoptar; se debió tomar en cuenta el cúmulo de violaciones a derechos de niñas y niños y de las familias, primero; así como el cúmulo de repercusiones que pudieran traer tales modificaciones.
Por principio, entre los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece y que están en riesgo evidente de violentarse con dicha iniciativa están:
El derecho a vivir en familia.- Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en una familia, y tienen derecho a convivir con su madre y padre, así como con las familias de aquéllos (incluso cuando algún integrante se encuentre privado de su libertad) en un ambiente libre de violencia, excepto cuando ese derecho sea limitado por autoridad competente en atención a su interés superior.
Al permitir que personas del mismo sexo se casaran y adoptaran a un menor automáticamente quedaría violentado este derecho para el menor, ya que no tendría ambas figuras de padre y madre; sino dos figuras iguales que de entrada no le garantizan un ambiente sin conflictos sicológicos, sociales y culturales adversos.
El derecho a no ser discriminado.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un trato igualitario, nadie puede limitar o restringir sus derechos por su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su familia.
En este caso, y en una sociedad mexicana con todavía un marcado machismo y una clara cultura discriminatoria hacia personas o grupos socialmente determinados que tradicionalmente han sido rechazados como las personas con preferencias sexuales diferentes a las de la mayoría, y que generalmente son causa de discriminación de la sociedad, y en las escuelas de educación básica no son la excepción.
Sería necio pensar que los niños no ejercerán discriminación con sus compañeros que tuvieran padres del mismo sexo, y lo cual afectaría un cúmulo de situaciones en varios rubros en dichos menores.
El derecho a la igualdad sustantiva.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les proporcione un mismo trato y a la igualdad de oportunidades, tomando en consideración sus necesidades específicas para el ejercicio pleno de sus derechos.
Al igual que la dificultad para garantizar el derecho a no ser discriminado, de igual manera con la aprobación de la iniciativa federal de matrimonio igualitario y el derecho de adopción del mismo; el derecho a la igualdad sustantiva entraría en dificultad; ya que el trato que normalmente reciben las personas de preferencia homosexual en México sigue siendo de rechazo, y nada garantiza que este trato no se transferirá a los niños que fueran adoptados por este tipo de personas.
De igual manera se violentan otros derechos como el “Derecho a la Familia”, como está concebida la familia desde la antigüedad.
En este sentido, en la Enciclopedia Jurídica edición 2014 establece que: “El único poder generador de las identidades familiares es el de los cónyuges: sólo ellos mediante su consentimiento -que ninguna potestad humana puede suplir- pueden constituirse en marido y mujer y sólo ellos, desde su nueva identidad conyugal, tienen el poder -que tampoco ninguna potestad humana puede suplir- de generar mediante su consentimiento la primera identidad personal, que es la identidad de hijo.
“Es también el lugar en que se «crece», el lugar en el que se aprende a ser persona, varón o mujer. Se ha dicho que la familia es la única instancia social encargada de transformar un organismo biológico en un ser humano”.
Seguramente, en dicha iniciativa no se tomó en cuenta nada de esto con el rigor que se debió hacer.
Pero hay más, en el debate que se está llevando a cabo acerca de este tema entró la Iglesia Católica con un doble discurso y una posición contraria a lo que establece la ley cristiana que sería en todo caso donde se debió mantener; pero nunca lo ha hecho; de ahí que su posición generalmente obedece a otros intereses, y esto indudablemente mete en mayor conflicto el debate complicando una posible salida con las menores afectaciones posibles.
Tras entregar sus cartas credenciales al presidente Enrique Peña Nieto, el nuevo Nuncio Apostólico, Franco Coppola, se refirió así en rueda de prensa a la polémica sobre los matrimonios igualitarios: “Yo puedo responder con la doctrina de la iglesia, pero no es una respuesta que como pastor deba de dar”.
El religioso sugirió la necesidad de revisar si el punto se encuadra en la Declaración Universal de Derechos Humanos y, en su caso, buscar una “vía mexicana” para dar salida a esta polémica.
Es decir entre sus sugerencias no se encuentra ni mencionó siquiera lo que establece la Ley Judeo Cristiana en este sentido donde se explica la forma en que este tipo de asuntos se debe tomar; y al hacer de lado esta Ley hace por consiguiente de lado al Dios de la misma.
La Iglesia católica por un lado mueve grupos adheridos a ella para atacar dicha iniciativa del matrimonio igualitario; pero por otra en voz del nuncio Franco sugiere para buscar una salida a este asunto, una “vía mexicana”; es decir, la vía que finalmente determine el aparato gubernamental podría ser aceptada finalmente por la religión católica.
Pero entonces dónde quedarían las movilizaciones de grupos católicos en contra del matrimonio igualitario; y la respuesta seguramente está en lo que haya ya negociado dicha religión con el gobierno.
Lo cierto es que ante la falta de garantías de defensa y respeto a los derechos de niñas, niños y adolecentes como los de la familia producto de la iniciativa de los llamados matrimonios igualitarios entre personas del mismo sexo y su derecho a la adopción; y la compleja situación cultural, de sicología social y política de México; sería irresponsable aprobar dicha iniciativa en las actuales condiciones.
Y más aún cuando el debate es tan extenso; y hay muchos intereses políticos y de la iglesia católica en juego, y donde todo parece indicar que la protección de los derechos humanos es lo de menor importancia en medio de una fuerte crisis de valores que padecemos.