Por Enrique Gasga
Ver como un avance en democracia en sus diversos tipos, transparencia y buen gobierno, la creación de organismos supuestamente “autónomos”, es sin duda una equivocación; ya que la historia contemporánea indica que a nivel federal y en las entidades después de todos los supuestos avances quien sigue moviendo los hilos del poder es el sistema corrupto y amafiado en que la mayoría de los gobiernos no han sido, sino un canal idóneo para mantener dicho sistema, y los organismos “autónomos”, sólo han sido una pieza más en el ajedrez del sistema.
Por principio llamar a dichos organismos: “autónomos”, mientras sus titulares son elegidos por los legisladores de los distintos partidos políticos en los congresos, viene a ser un exceso; ya que en México y en todos los estados ha quedado demostrado que los legisladores sirven a los intereses de partido, y en muchos casos a los propios; pero prácticamente nunca a los ciudadanos.
Es lamentable que los mal llamados organismos “autónomos” a nivel federal y en los estados que no han tenido autonomía, sino para la gestión, hayan sido convertidos en un escudo que protege en cierta manera los intereses de los entes de poder, donde además el gobierno ha mantenido extremadamente limitadas sus facultades y recursos.
En Tlaxcala por ejemplo los organismos “autónomos”: Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Instituto de Acceso a la Información Pública de Tlaxcala (IAIP), y la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), han sido muy limitados principalmente en los recursos que manejan lo cual los ha obligado a buscar el apoyo del gobernador y de los diputados.
Ante esta situación dichos organismos ni siquiera pueden cumplir al cien por ciento sus funciones, ya que ante la falta de recursos frecuentemente enfrentan problemas de falta de personal, equipo, infraestructura y capacitación, entre muchas otras cosas.
Y en el caso de la CEDH y del IAIP desde su creación no han contado con una amplia facultad sancionadora ante las violaciones e irregularidades en que regularmente incurren los servidores públicos; y en el caso de violación a los derechos humanos sólo se extienden recomendaciones, mientras que en el caso de la IAIP recientemente se le han otorgado algunas facultades para sancionar a los entes que incumplen con la transparencia; pero con sanciones mínimas.
Sin embargo lo preocupante es que desde su creación dichos organismos han sido utilizados por el gobierno en turno para justificar el ocultamiento de información pública al otorgarles la ley facultad para reservar información que deberían conocer los ciudadanos; así como en el caso de violaciones a los derechos humanos que dicha situación continúe.
En este sentido, por ejemplo, si se revisan las causales de violación a los derechos humanos en las que han incurrido determinados servidores públicos desde hace años, se puede observar que frecuentemente, o siempre son funcionarios de las mismas dependencias y las mismas causales de violación las que han permanecido por años.
Y no es que antes de la creación de dichos organismos “autónomos”, la situación en Tlaxcala y en México era mejor en cuanto al respeto a los derechos humanos, transparencia y ejercicio democrático; ya que las violaciones, irregularidades y opacidad de los entes del gobierno principalmente continúan.
Pero ahora se ha pretendido que la ciudadanía confíe en que los organismos autónomos han sido un avance en dichos temas; aunque precisamente lo cierto es que han servido más para justificar los abusos del poder.
Y mientras no se les dé una autonomía real, un presupuesto digno y amplias facultades sancionadoras tanto en Tlaxcala como en el resto del país no se podrá hablar de un ejercicio democrático verdadero de las autoridades, ni de un respeto a los derechos humanos y la opacidad en el uso de los recursos públicos seguirá dándose en los gobiernos de todos los niveles.